La intromisión del cardenal Adalberto Martínez Flores en la Universidad Católica genera preocupación, tensión en la comunidad educativa y división en la Iglesia.
Fachada de la Universidad Católica de Asunción.
Por Juan Marinangeli
La autonomía universitaria es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por ninguna persona o institución. Sin embargo, parece que el cardenal Adalberto Martínez Flores se olvidó de este importante principio al solicitar públicamente la desvinculación de Cristian Kriskovich de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC).
El purpurado, al igual que en el caso del expresidente Fernando Lugo (2008-2012) —en aquella oportunidad públicamente indicó que le pidió la renuncia—, volvió a inmiscuirse en asuntos que no le corresponden, excediendo sus atribuciones y generando división dentro de la Iglesia en el país. Al hacer públicas sus demandas, desautorizó al rector de la casa de altos estudios y sembró dudas sobre la capacidad del Gran Canciller de la UC, monseñor Francisco Javier Pistilli Scorzara, para tomar decisiones.
Cardenal Adalberto Martínez Flores (izq.) y monseñor Francisco Javier Pistilli Scorzara.
Es importante recordar que la Conferencia Episcopal Paraguaya y la Santa Sede, junto con el Gran Canciller, son las únicas instancias autorizadas para tomar resoluciones en cuanto a la desvinculación de un docente, conforme a los estatutos.
La petición de monseñor Martínez Flores fue considerada por el prelado Pistilli Scorzara y su equipo, pero su respuesta fue clara: la decisión de desvincular a Cristian Kriskovich es exclusivamente de la Conferencia Episcopal y la Santa Sede.
En este sentido, la solicitud del cardenal es ilegal y crea un ambiente de tensión e incertidumbre en la comunidad educativa universitaria.
La universidad, como institución de educación superior, debe estar libre de cualquier tipo de injerencia externa que pueda afectar su autonomía.
Es lamentable que un líder religioso, que debería promover la unidad y la armonía en la Iglesia y en la sociedad, haya optado por dividir y polarizar a la comunidad universitaria con sus acciones. Es necesario que las autoridades competentes se pronuncien al respecto y exijan el respeto a la autonomía de la Universidad Católica.
Cristian Kriskovich.
Es preocupante que el cardenal utilice su posición para imponer sus ideas y deseos, en lugar de buscar el diálogo y la conciliación.
Asimismo, es trascendente que la comunidad universitaria, así como la sociedad en general, se mantenga alerta ante este tipo de situaciones que pueden poner en peligro la libertad académica y la independencia de las instituciones educativas. Es fundamental que se promueva la pluralidad de ideas y el respeto a la diversidad, para construir una sociedad más justa y democrática. La Iglesia, como institución que busca el bien común y la paz social, debería ser un ejemplo en la defensa de los derechos humanos y la justicia, y no un agente que promueva la intolerancia y división.
En este caso en particular, la solicitud de monseñor Adalberto no solo afecta la autonomía de la Universidad Católica, sino también los derechos de Cristian Kriskovich, quien no fue condenado por ningún delito y tiene el derecho de ejercer su labor docente. Además, su petición se basa en una denuncia que fue desestimada por la justicia paraguaya, por lo que parece una clara intromisión en un asunto que ya fue resuelto.
No podemos permitir que la presión de grupos o individuos influyentes comprometa el estado de derecho y la libertad de expresión.
Esperamos que las autoridades eclesiásticas y gubernamentales se pronuncien en contra de esta situación y defiendan los valores de la democracia y la justicia. No podemos permitir que la religión sea utilizada como herramienta de poder y control, en lugar de ser un instrumento para promover la solidaridad, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.