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  • Foto del escritorCanal Vida

Gobierno de Ortega silencia a la Iglesia católica en Nicaragua

Desde 2018, la relación entre el gobierno y la Iglesia se fracturó y se convirtió en represión. Organizaciones internacionales denuncian la expulsión de congregaciones religiosas y el cierre de medios de comunicación y templos.
 

Manifestantes piden por la libertad de los sacerdotes encarcelados.


La persecución a la Iglesia en Nicaragua por parte del presidente Daniel Ortega llevó a decenas de religiosos a buscar refugio en el exilio. Desde 2018, cuando las protestas ciudadanas sacudieron al país, la relación entre el gobierno y la Iglesia católica se fracturó y se convirtió en represión.


De acuerdo con la organización de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, medio centenar de religiosos nicaragüenses tuvieron que exiliarse desde entonces.


La Iglesia siempre fue un bastión de consuelo y fortaleza para la población más pobre y vulnerable del país, que vive en una profunda crisis política y económica.

 
 
SILENCIAR CON CÁRCEL

La represión del gobierno nicaragüense dejó al menos 355 muertos y 2.000 heridos en 2018, según diversas organizaciones.


Las Misioneras de la Caridad fueron expulsadas de Nicaragua el año pasado acusadas de "tenencia de armas de destrucción masiva".


Desde entonces, el presidente Ortega y su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, tomaron medidas para silenciar la crítica y la oposición: cárcel o arresto domiciliario para aspirantes presidenciales, cierre de medios de comunicación —muchos de ellos católicos— y acoso o prisión a líderes religiosos que reprueben su gestión.

 
 

Entre los líderes exiliados también hay seminaristas y trabajadores de los templos. Organizaciones internacionales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW —sigla en inglés—) denunciaron que el Estado criminalizó a pastores evangélicos y a religiosos de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y expulsó a dos congregaciones de monjas, entre ellas las Misioneras de la Caridad, fundada por la santa Madre Teresa de Calcuta.


Los cierres impuestos por el gobierno no sólo disolvieron siete radios católicas, sino también 50 iglesias evangélicas que tenían personería jurídica como asociaciones.

 
 
CONDENADOS POR DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS MÁS VULNERABLES

Los líderes religiosos que defienden los derechos humanos pagan un alto precio. Algunos hipotecaron sus propiedades para reunir dinero y dejar el país. Otros denunciaron a las autoridades aeroportuarias porque tiraron a la basura crucifijos bendecidos por el papa Francisco. Cuatro pastores aseguraron que los seguían hombres enmascarados.


Las agravios documentados incluyen la irrupción a templos que fueron baleados, robo de hostias y santos, grabación de misas para monitorear a sacerdotes, destrucción de objetos religiosos y prohibición de procesiones.

 
 

Los devotos no pueden colgar símbolos sagrados fuera de sus casas y a los detenidos se les niegan las visitas de un sacerdote o tener una Biblia en prisión.


La Iglesia, pueblo y gobierno compartieron una mesa para hablar en 2018, pero en ese espacio surgieron potentes voces opositoras y ante el conflicto, los religiosos no guardaron silencio. La Iglesia alertó sobre la posible configuración de un régimen autoritario, una eventual manipulación del sistema electoral y la represión a activistas.


Durante las protestas, las iglesias sirvieron de refugio y Ortega comenzó a decir que los sacerdotes protegían a “terroristas” y eran “diablos con sotanas”.

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