La modificación a la carta magna incluiría un Estado plurinacional e intercultural, cambios en el Poder Judicial, y la libertad de decidir sobre sus cuerpos y la “reproducción”, lo que incluye la interrupción voluntaria del embarazo.
Los chilenos acuden hoy a un plebiscito que decidirá si el país tendrá una nueva Constitución o seguirán con la que actualmente rige y que fue legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Diversas encuestas señalaron que triunfaría el “rechazo" a la nueva carta magna, redactada por una Convención Constituyente, en parte por la oposición a algunos puntos polémicos, como la autonomía de los pueblos indígenas y el reconocimiento a su sistema de justicia, y el derecho al aborto.
MAYORÍA DE IZQUIERDA
El presidente Gabriel Boric, en caso de ganar el “sí”, tendrá cinco días para convocar al Congreso en pleno y promulgar la nueva Constitución, que entrará en vigencia diez días después de publicada en la Gaceta Oficial, momento a partir del cual quedará derogada la vigente y heredada de la dictadura militar chilena.
Luego, el Congreso deberá aprobar más de un centenar de proyectos de ley necesarios para implementar la mayoría de los 388 artículos escritos previamente por una convención dominada en un 76% por la izquierda.
PUNTOS POLÉMICOS
El borrador del nuevo texto constitucional establece que Chile sea un Estado plurinacional e intercultural y reconoce la existencia de los 11 pueblos originarios chilenos en el marco de un país cuyo territorio es único e indivisible.
Precisa que el Estado debe promover y garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, respetar sus derechos colectivos y, en el plano de las funciones públicas, debe impulsar mecanismos que favorezcan el reconocimiento de la diversidad étnica. Además, debe proteger sus derechos a la autonomía y al patrimonio, otorgar el reconocimiento de sus tierras y recursos.
Establece, asimismo, la creación de autonomías territoriales, cuyos límites geográficos y competencias los fijaría una ley aprobada por el Congreso.
La propuesta también reconoce los sistemas judiciales de los pueblos originarios, que “coexisten coordinados en un plano de igualdad” con el sistema nacional, cuya labor jurisdiccional la ejercerán sus autoridades.
El texto no precisa cuáles serán las facultades, ni qué tipo de delitos procesarán sus sistemas judiciales. Las definiciones las deberá establecer una ley que tramitaría el Congreso posterior al plebiscito y en caso de ser aprobada la nueva carta magna.
Todo esto, generó las críticas de varios que ven intentos de dividir al país.
CAMBIOS EN EL PODER JUDICIAL
De aprobarse la nueva Constitución, el modelo de Poder Judicial único dejará de existir y se transformará en un Sistema de Justicia, integrado por el Sistema Nacional y los sistemas jurídicos indígenas. Se crea un Consejo de Justicia plurinacional y paritario, que nombrará a todos los jueces y funcionarios, revisará la gestión de todos los tribunales y podrá sancionarlos o removerlos si es necesario. La función sancionatoria actualmente la ejercen la Corte Suprema y las 17 cortes de apelaciones.
ABORTO LIBRE
Otro artículo resistido por la oposición y por sectores de centroizquierda es el que alude al aborto, sin nombrarlo. La norma consagra los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluidos los de decidir libremente sobre sus cuerpos y sobre la “reproducción”.
Frente a las críticas de algunos convencionales que redactaron el texto porque no se precisó hasta qué mes se podría interrumpir el embarazo, el pleno agregó un inciso que dice que “la ley regulará el ejercicio de estos derechos”, dejando la responsabilidad en las manos del Congreso.
En Chile existe el derecho a abortar en tres causales: por inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre o en casos de violación.
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